¿Es válido el nombramiento del nuevo Fiscal de Justicia en Nuevo León?
Eloy Garza
Una polémica en curso divide a quienes alegan que es válida la designación de Pedro Arce como Fiscal General de Nuevo León, contra quienes opinan que no es válida porque violenta la resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Quién tiene la razón? ¿Los que están a favor o los que están en contra?
Te doy contexto. Al cabo de dos años sin Fiscal, y a unos cuantos días de que termine la legislatura en el Congreso local, el Pleno eligió en este periodo extraordinario al Fiscal. Lo hizo en “fast track”, en una sesión a la que sólo asistieron 27 diputados del PRI y del PAN.
Como era previsible, el gobierno del estado desconoció la elección y la consideró ilegal, tanto porque la votación se hizo sin los diputados necesarios, como porque va en contra del fallo de la SCJN, que señaló en febrero vicios en el proceso.
La bancada del ‘PRIAN’ replica que dado que el gobernador no utilizó su veto a la lista de 4 finalistas a fiscal, en los 5 días que supuestamente tenía como plazo (hasta el 19 de agosto), la designación continuó su marcha en el legislativo local hasta la toma de protesta.
¿Se tendría que acatar la resolución de la SCJN (por cierto, sus Ministros se sumaron ayer al paro de laborales), ante la cual interpondrá una queja el gobierno del estado, bajo la representación de Javier Navarro, secretario de Gobierno?
Ayer lo sugirió Protágoras, aquí en El Horizonte (27/8/24): “el meollo está en la interpretación de la resolución que emitió la Suprema Corte frente a la controversia presentada por MC contra el proceso que los diputados locales nuevoleoneses realizaron hace casi dos años, en 2022”.
¿Se tendría que celebrar de nuevo la votación con el número de diputados necesarios?
En realidad, es difícil que sobre esta decisión las dos partes en pugna se pongan de acuerdo, así que daré un remedio a la aletargada confrontación.
El remedio es el mismo que acaba de dar la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el caso de la Reforma al Poder Judicial (las circunstancias obviamente son distintas, pero la solución es la misma).
Nada para nadie; darle reversa a todo lo que se apruebe en “fast track” por la legislatura que ya se va, y posponer la decisión para la legislatura entrante.
Así de simple esta decisión salomónica. Es eso, o dejar que se empantane un tema que en su momento no resolvió en tiempo y forma la actual legislatura.
Las cosas que se precipitan y se hacen a las carreras, digamos que al cuarto, para las doce, terminan mal.
Qué mejor tomen la decisión los entrantes, no los que están por cobrar su último cheque
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